EL LEGADO ECONÓMICO DE ALLENDE

Por Rodrigo Pizarro (*)

Elmostrador.cl - septiembre de 2004

A diferencia del año pasado, este 11 de septiembre -aniversario del quiebre de la institucionalidad democrática- ha pasado prácticamente desapercibido. Si bien estas fechas son menos traumáticas que hace algunos años y la figura universal y democrática del Presidente Allende ha sido reivindicada, aún se mantiene cierta censura o miedo para debatir otros aspectos de las políticas de la Unidad Popular.

Una de ellas es el programa económico, donde aparentemente existe consenso –incluso de ex colaboradores- en los errores en el planteamiento global del programa y derechamente en el fracaso de la política económica de la Unidad Popular. Sin embargo, ésta es una visión parcial que también deberá ser revisada.

No cabe duda que hoy día la propuesta económica de Allende, expresada en su programa de gobierno y en las famosas cuarenta medidas económicas, aparecen como transformadoras e incluso revolucionarias. Pero en el contexto de su época, eran razonables. Por ejemplo, no eran muy distintas a las propuestas del candidato demócrata cristiano Radomiro Tomic y, ciertamente, coherente con el modelo económico de industrialización por sustitución de importaciones (ISI). En este sentido, resulta indicativa la crítica de los Chicago Boys, y futuros colaboradores del régimen militar, expresada en “El Ladrillo”.

El diagnóstico de este documento no centraba el problema en la política económica de la Unidad Popular en sí, sino en un conjunto de políticas ‘erradas’ seguidas desde los años treinta, que el gobierno del Presidente Allende profundizó. En consecuencia, la crisis se acentuó, según “El Ladrillo”, debido a que “se han extremado las erradas políticas económicas bajo las cuales ha funcionado nuestro país a partir de la crisis del año 30”. Es decir, el programa económico de la vía chilena al socialismo, consistía en la profundización del modelo económico vigente en Chile desde los años treinta y no en una transformación socialista impuesta.

Hoy la ciencia económica ha avanzado, logrando tener mayor coincidencia en algunos aspectos básicos, como por ejemplo el modo de controlar la inflación. También paulatinamente se está revisando y revalorando el modelo de sustitución de importaciones y su importancia en el desarrollo económico de los países, existiendo una visión más positiva que hace algunos años atrás, como demuestra el trabajo de Dani Rodrik.

Asimismo, las reformas pro-mercado a lo Chicago Boys, o lo que se ha denominado como el Consenso de Washington, enfrentan cada vez mayores críticas, tanto en términos teóricos (ver Joseph Stiglitz), como su aplicabilidad en países en desarrollo y como sus resultados concretos (ver Dani Rodrik). Su promesa no se cumplió.

En consecuencia, con estos antecedentes la propuesta económica de Allende no parece tan irresponsable. Definitivamente era coherente con su tiempo. Por cierto, existían aspectos que hoy día son cuestionables desde el punto de vista de la teoría económica moderna, pero en el fondo se pretendía resolver lo que se mantiene como un problema económico central hasta el día de hoy.

El problema del desarrollo es quién se apropia del excedente productivo, y qué se hace con él. La propuesta central de Allende significaba, en esencia, la apropiación del Estado de ese excedente, a través de la nacionalización y su utilización para levantar un modelo económico más equitativo, desarrollando, a su vez, nuevas actividades económicas.

Además, se propiciaba generar mayor valor agregado, a través de una fuerte inversión en educación y así elevar el capital humano del país. La equidad, la limitación de la dependencia en los recursos naturales y el apoyo a un crecimiento económico sostenido eran temas centrales del programa.

En cambio, la propuesta económica de los teóricos del Régimen Militar apuntaba a mantener el excedente en manos de los privados. De esta manera, el desarrollo económico del país de los últimos años ha dependido de las decisiones de inversión de los privados. Los Chicago Boys centraron la discusión en el tema de la expropiación o el derecho a la propiedad privada. Es decir, se presentan argumentos de justicia -la propiedad privada es un derecho- y argumentos económicos, en cuanto a que sólo la propiedad permite asegurar los incentivos para la innovación y la eficiencia económica.

Sin embargo, esta visión es incompleta. En un país que basa su desarrollo en la explotación y exportación de recursos naturales, el excedente productivo en realidad está asociado a las ‘rentas’ económicas de los recursos naturales. Vale decir, el excedente es el valor de los recursos naturales: del cobre en la tierra, de los peces en el agua, del agua que usan los salmones, de la tierra de los bosques, etc. Por lo tanto, en justicia, el excedente asociado a las rentas no le pertenece a los privados, sino a los ciudadanos. Asimismo, existe una larga literatura económica que señala que la apropiación de 'rentas' de parte de privados genera una serie de ineficiencias económicas, impidiendo incluso la innovación económica.

En consecuencia, el modelo rentista chileno no sólo es injusto -los privados se apropian de una renta que no les corresponde-, sino además ineficiente al generar distorsiones en la economía-. Esto se expresa en tres ámbitos:

Primero en el ambiental, pues existe sobreinversión en los sectores de recursos naturales y, por tanto, sobreexplotación. De esta manera se agotan los recursos, hipotecando el futuro económico del país. La pesca extractiva es el ejemplo más claro.

Segundo, la excesiva capitalización y el vínculo con el sector externo, de los sectores explotadores de recursos, se encuentra en el origen de la desigualdad social del país, pues estos sectores, debido a su alta desigualdad funcional (retorno a capital vis-a-vis retorno al trabajo) no generan empleo ni eslabonamientos al resto de la economía, lo que explica no sólo la alta desigualdad social en Chile, sino también la incapacidad de la economía de generar empleo.

Finalmente, los enormes recursos asociados a la renta promueven la captura del Estado, es decir, una relación indebida entre la actividad económica y la política, impidiendo las necesarias reformas políticas del país, como quedó en evidencia con la discusión sobre el royalty, pero además en el crecimiento exponencial de la actividad del lobby de ex-funcionarios del Estado.

La idea de reconocer la existencia de una renta y cobrar por ella es fundamental para el manejo eficiente de nuestras riquezas, la igualdad social y la democracia. Por un lado, el Estado obtiene los recursos correspondientes al valor de esta riqueza y, por otro, se desincentiva la sobreproducción de bienes en los distintos sectores al llevar las tasas de rentabilidad a niveles normales para el tipo de actividad que desarrollan o el riesgo que asumen.

Pero además, es necesario plantear que el cobro de la renta económica de los recursos naturales desalienta la profundización de un modelo basado en una clase empresarial que, en esencia, se mantiene como una clase rentista, caracterizada por obtener las ganancias mediante las rentas de los recursos y no arriesgándose en nuevas actividades o en mayor innovación, lo que se encuentra al centro de una economía capitalista moderna. Es decir, el actual modelo chileno no genera riqueza, sino la captura a través de la renta. Por lo tanto, la recuperación de la renta es fundamental para promover una actividad económica más eficiente, una sociedad más justa y una democracia más transparente.

En consecuencia, volvemos al planteamiento original del Programa de la Unidad Popular y a su vigencia, con un sector empresarial rentista que no innova y que no está dispuesto a tomar riesgos ¿Quién debe apropiarse de las rentas de los recursos y qué se debe hacer con éstas? La propuesta moderna, en el contexto de un mundo globalizado, es evidente: las rentas deben ser apropiadas por el Estado, quizás no a través de la nacionalización, pero sí a través de instrumentos como los royalties o regalías a los recursos naturales, y de esta manera generar los ingresos para saltar a una segunda fase de desarrollo invirtiendo en capital humano y generando incentivos para promover otras actividades económicas.

El programa económico de la Unidad Popular tenía muchas fallas, pero la discusión de fondo, se mantiene tan vigente hoy como en los años setenta.

(*) Director Ejecutivo de Fundación Terram