CHILE: DEJAR ATRÁS EL MIEDO

 

"De frente, general. Ahora, de perfil, por favor. Su mano derecha, general. ¿Me permite su izquierda? Estire mejor los dedos para facilitar el entintado".

Patricia Verdugo*www.pieldeleopardo.com

Palabras más, palabras menos, eso fue lo que escuchó el general Pinochet cuando diciembre de 2005 agonizaba. Funcionarios del Registro Civil y de la Policía de Investigaciones llegaron hasta su casa de La Dehesa, en la capital chilena, y lo ficharon. "Un agravio" irreparable, dijo su defensor, el abogado Pablo Rodríguez, otrora jefe del grupo terrorista de ultraderecha Patria y Libertad.

El supuesto agravio se reforzó cuando la Corte de Apelaciones, por 21 votos contra tres, lo desaforó nuevamente para que sea juzgado por malversación de caudales públicos.

Más de alguien puede extrañarse de que un simple fichaje se transforme en noticia. Lo normal, en un estado de Derecho, es que le ocurra a toda persona procesada por delitos. Pero el general Pinochet, ya sabemos, no es una persona cualquiera.

Una dictadura –cualquiera sea su signo ideológico– utiliza el miedo como la herramienta clave de dominio. Miedo que va desde perder la vida hasta perder el empleo, pasando por campos de concentración y cámaras de tortura. Terror a perder el derecho a vivir en la patria o a ser relegado –dentro de ella-– a gulags en sitios lejanos e inhóspitos. Incluso hablamos del miedo a perder la tranquilidad cotidiana, ese estado que nos permite equilibrarnos en la cuerda floja de la aparente normalidad aún cuando se viva en dictadura. Y las voces se silencian, cunde la delación y se imponen autocensuras tan sutiles que ni los propios afectados reconocen lo que les está prohibido.

La dictadura del general Pinochet –como todas– usó grandes dosis de miedo como política de Estado. La primera fue inyectada el 11 de septiembre de 1973 al tiempo que los aviones bombardeaban el Palacio de Gobierno. Imagen imborrable, casi tanto como el ataque a las Torres Gemelas.

Y si la dictadura usa el terror, la democracia y su estado de Derecho busca dar confianza a los ciudadanos. El paso de una a otra es lo que llamamos "transición". A veces se da por terminada la transición porque se cumplen requisitos democráticos: ejercicio de la soberanía popular, separación de poderes, libertad de prensa, entre otros. Pero una transición termina cuando un pueblo recupera plenamente el estado de confianza y de dignidad que tenía antes de la dictadura.

Porque los miedos se cuelan en los más finos intersticios de la sique colectiva. En Chile, por ejemplo, tras 16 años de transición, ni los socialistas se atreven a usar la palabra pueblo. Se habla de la "gente". Se autocensura el término justicia social. Se habla de equidad. Sólo hace un año se aceptó que los torturados tenían calidad de víctimas. Y los conflictos sociales se cubren con soluciones de consenso –entre el gobierno y la oposición– porque el disenso se sigue percibiendo como peligroso, como detonante de crisis política y no como parte del debate normal entre los diversos componentes de una sociedad pluralista.

La transición chilena, desde 1990, ha sido lenta y difícil. Y las razones están a la vista. El pacto que le dio inicio estuvo marcado por el miedo. Pinochet retuvo una cuota muy importante de poder por ocho años más. Como jefe del Ejército, se quedó con la llave del arsenal. Se instaló, pistola en mano, en la invisible mesa de negociación política. Era intocable. Y cuando dejó la jefatura castrense, pasó a ocupar un sillón vitalicio en el Senado (marzo de 1998). Mantuvo la coraza protectora, asegurando su impunidad. Hasta que la justicia de España abrió el primer boquete en esa coraza y logró su arresto en Londres.

Ese día de octubre de 1998 –con Pinochet en los titulares de todos los diarios del mundo– marcó el inicio real de la transición chilena, del proceso de pérdida del miedo. En los más de 500 días que España lo retuvo en Londres, le llovieron más de 300 querellas en los tribunales chilenos. Y cuando el ex dictador regresó a Chile (marzo de 2000), fue desaforado y sometido a juicio por un crimen masivo de disidentes, conocido como "la caravana de la muerte".

Entonces ocurrió el brusco frenazo. La derecha y las Fuerzas Armadas se jugaron a fondo. En ese escenario, el juez Guzmán no se atrevió a ficharlo. Y el inconfesado pacto político fue simple: otorgarle impunidad por "demencia" a cambio de que abandonara el escenario. Renunció al Senado y el Parlamento dictó una nueva ley para darle fuero como ex Presidente de la República. Único requisito: quedarse callado, hacerse invisible. Pero el arrogante Pinochet no resistió la tentación. Dio entrevistas, se paseó por las calles, presidió comidas de homenaje y siguió realizando hábiles operaciones bancarias en más de 150 cuentas secretas para aumentar su mal habida fortuna.

Una investigación del Senado de Estados Unidos develó su corrupción (julio de 2004) y de ahí en adelante la carga de los defensores de derechos humanos encontró acogida en las cortes. Fue declarado lúcido, sujeto apto para ser procesado. Vuelven a caer los fueros y avanzan los procesos por corrupción, evasión de impuestos y –lo más importante– crímenes de lesa humanidad.

La justicia aún no puede cantar victoria, pero el fichaje de Pinochet marca un punto clave de inflexión en este lento proceso de pérdida del miedo en Chile. Porque no hay nada que atemorice más a los pueblos – incluso más que actos de terrorismo, aumento de índices de delincuencia o crisis económica– que la impunidad de los más poderosos.

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* Periodista y escritora.