Por Roberto Bardini
Bambú Press (*)
A mediados del siglo VI antes de Cristo, Nabucodonosor II -el más famoso de los que llevan ese nombre- reina en Babilonia. Además de guerrero y conquistador, el monarca es arquitecto. La ciudad exhibe construcciones monumentales: una doble muralla con puertas gigantescas, avenidas, puentes, canales y el santuario de Marduk, con su zigurat (escalera al cielo) de 90 metros de altura, que las escrituras bíblicas identificarán como la Torre de Babel. Aparte de lugar de encuentro religioso, la torre probablemente era un observatorio astronómico.
Cuenta la leyenda que, sin embargo, su esposa Amytis no es feliz en la árida metrópoli, capital de un vasto imperio. Ella es de origen medo y añora la abundante vegetación de su infancia. Entonces Nabucodonosor II ordena construir una serie de terrazas escalonadas llenas de tierra, en las que manda sembrar flores, plantas y árboles. Ése sería el origen de los Jardines Colgantes de Babilonia, una de las siete maravillas del mundo.
Antes, los babilonios habían sido pioneros en el sistema de medición del tiempo, al introducir el sistema sexagesimal dividiendo el día en 24 horas, cada hora en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, que persiste hasta la actualidad.
Durante el gobierno Hammurabi (1792-1750 antes de Cristo), se elabora el primer código de leyes escritas que se conoce en la historia de la humanidad. El código de Hammurabi, famoso por la célebre sentencia ojo por ojo, diente por diente, está conformado por 282 decretos. El rey manda grabar las leyes en columnas de piedra de más de dos metros de altura que se distribuyen en todo el imperio. Las primeras palabras definen el objetivo del código: Para humillar a los malos e injustos e impedir que el poderoso perjudique al débil; para que toda persona perjudicada pueda leer las leyes y encontrar justicia.
En ese período de la historia, los lejanísimos parientes de George W. Bush y Anthony Blair quizá merodeaban en taparrabos por alguna región de lo que hoy es Europa, buscando un ciervo o un jabalí para comer, o hacían sus necesidades fisiológicas al aire libre.
El arqueólogo alemán Robert Koldewey (1855-1925) inició las excavaciones que descubrieron las inmensas murallas babilónicas, la mayor fortificación urbana de la antigüedad. A partir de 1897, el explorador dedicó 18 años a investigaciones que revelaron una de las obras más importantes de la civilización que dominó el mundo antes del apogeo de Grecia y Roma.
Los restos de la civilización babilónica y los descubrimientos de Koldewey continúan yéndose al traste con la ocupación militar de Irak. Un informe del Museo Británico denuncia que fuerzas de la coalición aliada encabezada por Estados Unidos destruyeron con sus tanques gran parte de las calles de ladrillo de la antigua Babilonia, a 80 kilómetros de Bagdad. Como si esto fuera poco, usaron tierra que contenía fragmentos arqueológicos para llenar bolsas destinadas a servir como muros de protección contra las balas.
La fuerza internacional de seis mil soldados tiene su sede en la antigua capital de la Mesopotamia. Eso equivale a emplazar un campamento militar en la Gran Pirámide de Egipto o en torno a Stonehenge, en Gran Bretaña, escribió el autor del informe, John Curtis, curador del departamento del Cercano Oriente del museo.
Imágenes de dragones en ladrillo de la famosa Puerta Ishtar quedaron estropeadas por grietas y se cavaron trincheras en zonas arqueológicas, indica el reporte. Según Curtis, se encontraron fragmentos diseminados por el lugar, entre ellos ladrillos rotos que ostentaban el sello del rey Nabucodonosor.
Pero el remedio fue peor que la enfermedad. El ejército de Estados Unidos afirmó que se ha paralizado el movimiento de tierra y estudia sacar a sus tropas del sitio para proteger las ruinas. Pero tareas posteriores, incluida la decisión de cubrir grandes partes del sitio con pedregullo traído de otras partes a fin de crear estacionamientos para vehículos y helipuertos, causaron más daños irreversibles.
Lord Redesdale, quien encabeza un comité de arqueología en el Parlamento inglés, declaró al diario The Guardian, que lo señalado en el informe era espantoso y que las fuerzas estadunidenses no sólo están dañando la arqueología de Irak, sino la herencia cultural de todo el mundo.
Hoy, con la ocupación de los nuevos bárbaros, los iraquíes ni siquiera pueden recurrir al antiquísimo código de Hammurabi para impedir que el poderoso perjudique al débil y que toda persona perjudicada pueda encontrar justicia.
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(*) Bambú Press está contra lo «políticamente correcto», el «pensamiento único» y la «globalización» impuesta desde arriba. Está a favor de la ética, las relaciones fraternales entre personas y la universalidad construida desde abajo.
Por
Andrés Soliz RadaNadie duda que
Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), mentor del
gonismo en la política nacional, sea el principal responsable de la debacle de Bolivia y de los riesgos de desintegración que hoy la amenazan. Sin embargo, la mayor culpabilidad moral pesa sobre
Víctor Paz Estensoro (VPE), el cuatro veces Presidente de la República, líder histórico de la Revolución Nacional de 1952 y el más importante de los hombres públicos del Siglo XX boliviano.
Sólo VPE, con su peso en la historia reciente, pudo detener a GSL, el filibustero que ve al país como una ubre a la que hay lactar hasta el agotamiento ¿Por qué VPE no lo detuvo? La respuesta a esta inquietud se halla en el libro
El Ocaso de la Revolución Nacional Boliviana, de
Augusto Cuadros Sánchez, dirigente histórico del Movimiento Nacionalista Revolucionario (MNR) y, durante décadas, uno de los hombres más cercanos a VPE. Cuadros Sánchez revela que GSL, quien, desde 1961, ya había acumulado una enorme e ilegal fortuna en la atividad minera, fue el principal contribuyente de las campañas presidenciales de VPE en las elecciones de 1978, 1979, 1980 y 1985.
VPE no podía ignorar que GSL se hizo multimillonario mediante el alquiler de los yacimientos estatales de mina Porco, por cuya explotación no pagó, durante 18 años, el alquiler pactado de 700 dólares mensuales, pero que le redituaron ingresos por alrededor de 54 millones de dólares, entre 1961 y 1978 (ver mi libro
La Fortuna del Presidente). Como retribución, VPE hizo a GSL diputado nacional entre 1982 y 1985 y Presidente del Senado de la República.
En 1986, fue su Ministro de Planeamiento, cuyas funciones utilizó para acaparar los yacimientos de Mina Bolivar, en Oruro, las colas y desmontes del cerro del Potosí, el oro del norte paceño y la mina Milluni, también de La Paz, en tanto su hermano, Antonio Sánchez de Lozada, quien debía fiscalizar sus acciones, era el Contralor General de la República.
VPE y GSL, con el asesoramiento del economista Jeffry Sachs, introdujeron, desde 1985, las políticas neoliberales, que frenaron la hiperinflación, pero iniciaron la agonía del Estado nacional. De manera paralela, GSL, con la obvia autorización de VPE, obtuvo recursos de la Embajada norteamericana y organismos internacionales para pagar sobresueldos a ministros y otros altos funcionarios, con lo que rompió el principio de lealtad al Estado que deben tener los servidores públicos.
En 1989, VPE se retiró la política activa con la designación de jefe perpetuo del MNR. GSL, quien también financió los congresos partidarios, fue proclamado jefe del partido y candidato presidencial. Al ganar los comicios de 1993, liquidó las empresas estratégicas del Estado y desangró al país con la transferencia gratuita a las transnacionales de las reservas fiscales de gas y de petróleo, evaluadas en mas de 10 mil millones de dólares, además de entregarles la propiedad de los hidrocarburos en boca de boca de pozo y rebajarles las regalías del 50 al 18%.
Frente a estos sucesos, VPE, quien murió el año 2001, con plena lucidez, se redujo a comentar que la liquidación de YPFB sería la madre de las batallas.Fueron los años 1993 y 1994, en los que VPE debió detener la demencia privatizadora de GSL. Pudo decir a GSL, y si no lo escuchaba tenía la opción de dirigirse al país, que por ese camino Bolivia caería en el caos y la desintegración.
Para un político de la trayectoria de VPE, esa previsión era obvia. Pese a lo anterior, pudo más su complicidad con GSL por el financiamiento de sus campañas electorales. Hoy en día, GSL es el personaje más denostado en Bolivia. Nadie lo baja de ladrón, sinvergüenza y vende patria. Enfrenta, además, un juicio de responsabilidades por genocidio, violación a los derechos humanos e incalculables daños económicos al Estado. VPE, en cambio, conserva su aureola de estadista. Los denuestos contra GSL son correctos y se los tiene bien merecidos. En cambio, las loas a VPE deberían reducirse a los límites de su silencio cómplice frente al gonismo.
EL FRAUDE EN LA LEY DE HIDROCARBUROS
Por Andrés Soliz Rada
El país cree que el tema básico de la próxima Ley de Hidrocarburos está en saber si las petroleras pagarán el 50% de regalías o si la tributación se desglosará en 18% de regalías y 32% de impuestos, cuando la esencia del problema está en saber si los precios de exportación del gas natural serán fijados por las transnacionales o por el Estado nacional.
Felizmente, el Centro de Información y Documentación (CEDIB) hizo notar que si Bolivia exporta el millar de pies cúbicos (MPC) a un dólar (a la Argentina lo hizo a 0.98 dólares), recibirá, en el mejor de los casos, el 50% de esa cantidad, o sea 0.50 dólares por MPC. Entre tanto, EEUU vende el MPC a Canadá y México a 6 dólares y los bolivianos pagamos también 6 dólares en el mercado interno.
El proyecto del gobierno indica que las ventas se regirán por el precio real de exportación del Titular. Donde dice Titular léase la transnacional y donde se escribe precio real quiere decir precio ficticio. En Argentina, Bolivia y Chile, las empresas exportadoras y compradoras del gas son las mismas. Pluspetrol, filial Bolivia, le vende a Pluspetrol Argentina; Repsol Bolivia a Repsol Argentina y Chile, y Petrobrás Bolivia a Petrobrás Brasil. En otras palabras, las empresas se venden a si mismas el gas que Gonzalo Sánchez de Lozada les entregó de campos clasificados como "inexistentes", a fin de rebajar la tributación del 50 al 18%. Los nuevos dueños se apropiaron también de nuestros gasoductos y refinerías.
En esas condiciones, el gas boliviano, al cruzar la frontera, se convierte en termoelectricidad, GLP, GNC, Metanol (con destino a EEUU y Europa) y otros productos petroquímicos, los que permiten a las transnacionales obtener enormes ganancias, a costa de Bolivia. En el actual debate, solo se discutió la forma en que Bolivia compartirá la torta pequeña, o sea el producto de la venta -ficticia- de materia prima, ocultando la torta grande, vale decir el valor agregado que solo beneficiará a las transnacionales. Las dimensiones del daño afectarán a la totalidad de las reservas del país, cuyo valor mínimo asciende a 53 mil millones de dólares.
A mayores tributos, las petroleras disminuirán el precio de exportación fijado por ellas mismas. El daño se incrementará al imponerse precios congelados, en momentos de continuo ascenso del precio del petróleo y de angustia cada vez mayor de industriales chilenos y argentinos por la escasez de gas en sus respectivos países. Es vital, en consecuencia, que el gas boliviano tenga un precio similar al precio en boca de pozo vigente en EEUU y que Bolivia participe en proporciones significativas en la globalidad del negocio de la refinación y comercialización de derivados de sus materias primas. Los especialistas calculan que el precio del MPC equivale a un séptimo del precio del barril de petróleo. Si un barril cuesta 49 dólares, el MPC es de 7 Dls.
Bolivia vende su gas al Brasil al precio promedio de una canasta de fuels sustituidos por nuestro energético. Esta es otra irracionalidad, ya que el gas es un combustible limpio, de gran valor ecológico. Los fuels, en cambio, son sucios y muy contaminantes. Brasil, por su parte, presiona para que Bolivia rebaje su gas a un dólar el MPC, lo que sería otro crimen, si se piensa que se pretende ampliar el contrato de exportación de 30 millones a 70 MPC, con el pretexto de explotar el hierro del Mutún. Entre tanto, Bolivia ha vuelto a incrementar los volúmenes de venta a la Argentina (ahora llega a 7.5 millones de metros cúbicos día), a precios fijados por Pluspetrol (dos dólares).
El Estado, además de fijar los precios de exportación, debe recuperar el 70% de las reservas de gas y petróleo en poder de las compañías, las que incumplieron la obligación legal de perforar un pozo por parcela, bajo pena de reversión. YPFB tiene que refundarse con las acciones que los bolivianos tenemos en Transredes, Chaco y Andina. Las AFPs pretenden cobrar una indemnización por esa transferencia, cuando son apenas depositarias (y no propietarias) de las mismas.
Finalmente, planteamos que por lo menos el 30% de los volúmenes exportables de gas sean industrializados en territorio nacional.
Por Andrés Soliz Rada
Marzo de 2005
El periodista Andrés Oppenheimer difundió desde Miami, el domingo 17 de febrero último, el programa denominado 2020, en el que expertos en seguridad de EEUU hicieron una prospectiva de lo que será el mundo dentro de 15 años. Según sus datos, la primera potencia del mundo mantendrá su liderazgo, aunque seguida de cerca por China y la India, las que surgen como potencias emergentes. La Unión Europea aparece un tanto estancada por el envejecimiento de su población y poca flexibilidad con los emigrantes, a diferencia de lo que ocurriría en el país del norte. En América Latina, obviamente si continúa balcanizada, sólo Brasil estaría entre los grandes.
De manera antagónica, el analista Ovidio Roca ( Semanario Número 1, de Santa Cruz, del 18-II-05), dice que en el mundo actual, inter ligado y globalizado, los contactos son directos, ahora el papel del Estado Nación es cada vez menos relevante, el siglo XXI es el tiempo de las regiones, de los polos regionales, ahora no se trata de negociar con Brasil, sino de hacerlo con San Pablo o Curitiba o mejor con una empresa de San Pablo o de Los Angeles o de Hong Kong.
A diferencia de lo anterior, el suizo Jean Ziegler, en su libro Los Nuevos Amos del Mundo, explica que el nuevo orden imperial necesita destruir los Estados Nacionales del mundo periférico (cita lo casos de Somalia, Sierra Leona y Guinea Bissau), en tanto fortalece a las grandes potencias. De lo que se trata -añade- es de anular toda soberanía y capacidad normativa en los gobiernos periféricos.
No se trata de calificar a priori de negativa la posibilidad de negociar con empresas de San Pablo, Hong Kong o Los Andes si ellas están reguladas por estrategias de sus gobiernos nacionales. En este sentido, será muy difícil que la India y China, pese a su inmensa diversidad étnica y cultural, ocupen los lugares que prevén los analistas si sus gobiernos dejaran, sin planificación alguna, que la ciudad de Jodhpur, en la región de Rayastán, hiciera acuerdos bilaterales con la ciudad de Chengtu, capital de Sechuan, sin conocimiento de Beijín y Nueva Delhi. Es casi divertido imaginar que Amoco, Total, Petrobrás o Repsol actuaran sin planes trazados desde sus casas matrices.
En Bolivia, seria un error rechazar de antemano las exigencias autonómicas. Lo ingenuo es, sin embargo, creer que la renuncia a la planificación nos permitirá salir de la crisis que nos agobia. Tal planificación tiene que hacerse con el concurso de todas las regiones y con gobiernos departamentales democráticos que definan y ejecuten las prioridades regionales. Esto que es racional, puede volverse irracional sino existen límites debidamente consensuados.
Lo cierto es que a la demanda autonómica del Comité Cívico cruceño han seguido las demandas autonómicas de las provincias Cordillera, de Santa Cruz; Hernando Siles y Luís Calvo, de Chuquisaca; Gran Chaco y O Connor, de Tarija, las que, en virtud de su raíz guaraní, piden ser el décimo departamento de Bolivia. La Cámara de Diputados pretende que los pueblos originarios, así sean muy pequeños, como los Tobas o Mosetenes, tengan derecho a veto sobre la actividad petrolera (otra cosa diferente es reconocer y otorgar sus legítimos derechos). Lo propio ocurre con exigencias impositivas que emergieron en la localidad oriental de Yapacaní. Esto que puede ser un arma defensiva frente a las transnacionales, se transformará en obstáculo si se refunda la empresa estatal del petróleo.
Las demandas de autonomías quechuas o aimaras no explican dónde comienzan y terminan sus aspiraciones territoriales ni cómo se diferenciarán del resto de los bolivianos cuando constituyan sus propios parlamentos. ¿Será por el color de los ojos o de la piel? Si se recurre al idioma, ¿qué haremos con los bilingües y trilingües? En un congreso de cooperativistas mineros se habló de la posibilidad de pedir no concesiones sino territorios mineros, a fin de asegurarse la propiedad definitiva de los mismos. Muchos piden los derechos territoriales que tienen las colonias Mennonitas asentadas en el país. Solo las petroleras y el poder extranjero que las respaldan ven con agrado, como lo anticipara Jean Ziegler, esta atomización que las pondrá frente a interlocutores débiles y sin horizontes, lo que les facilitará imponer sus políticas de extorsión y saqueo.
Por Andrés Soliz Rada
Una parte mayoritaria de la población boliviana reacciona con rencor frente a Chile al recordar el enclaustramiento geográfico, originado en la guerra de 1879. Otra, sin olvidar la usurpación, siente fascinación por el país vecino, similar a la de los ingleses por su reina de turno. Unos y otros admiten que Chile se caracteriza por su disciplina, unidad, orden, espíritu de sacrificio y patriotismo, a diferencia de nosotros que seríamos indisciplinados, desunidos, desordenados y egoístas. La oligarquía boliviana, al igual que la peruana, es pro chilena por antiindígena, ya que, desde su punto de vista, la presencia mayoritaria de quechuas y aimaras es un lastre que impediría el desarrollo nacional (Ver mi libro La Conciencia Enclaustrada. Editorial Contemporánea. 1995. La Paz-Bolivia).
El Presidente Aniceto Arce (1884-1888), representante de los oligarcas fascinados, planteó a Bolivia encabezar las conquistas militares de Chile, apropiándose de Tacna y Arica, con lo cual Bolivia hubiera mantenido su condición de país costero. Sin embargo, la iniciativa olvidaba los lazos históricos y antropológicos que vinculan a Perú y Bolivia. Por su parte, los sectores populares, depositarios de la bronca histórica, no dejan de masticar la amargura centenaria. Estas corrientes antagónicas generan la pendular política exterior de Bolivia, la que fluctúa desde raptos de optimismo ante la posibilidad de abrir un resquicio a la tozudez vecina y la angustia sin esperanza.
La pugna retrasa la elaboración de políticas que nos acerquen a la recuperación costera, que pasan por dejar de ver a Chile como a país de superdotadas y superdotados o como a conglomerado de amigos de lo ajeno. Chilenos y chilenas poseen, efectivamente, las cualidades anotadas, pero también tienen debilidades y falencias. El euro centrismo de la mayoría de sus intelectuales, hace que su pueblo tenga una visión distorsionada de nuestra América mestiza que necesita de acciones coordinadas y conjuntas para sobrevivir en los tormentosos tiempos presentes.
Chilenos y chilenas, con excepciones, obviamente, se tragan en silencio sus propias inconsecuencias. Anotemos sólo una de ellas. Las Fuerzas Armadas vecinas rinden enfervorizadas pleitesías a la Gran Bretaña. Esta óptica enfermiza hizo que el general Augusto Pinochet convirtiera a parte del territorio chileno en base de operaciones de aviones ingleses en la guerra de las Malvinas. En reconocimiento a ese acto indigno, el dictador fue tratado en Londres como vulgar delincuente, a requerimiento del juez español, Baltasar Garzón.
PEDRO GODOY: LA CONCIENCIA LATINOAMERICANA DE CHILE
Lo anterior es sólo el eslabón de una cadena de distorsiones conceptuales que el profesor Pedro Godoy ha resumido en sus "Siete Tesis Equivocadas en la Historia de Chile (Revista Patria Grande N. 5, abril de 1986, La Paz - Bolivia). En ellas, Godoy deja constancia de la resistencia de sus compatriotas intelectuales a admitir la influencia incaica en territorio chileno, lo que los conduce a una andinofobia obcecada, que desemboca, dice, en una araucomanía desequilibrada. La alienación se acrecienta al inventar infranqueables barreras entre el Virreinato de Lima y la Capitanía de Chile (o Nueva Extremadura), bajo la prédica de una insularidad inexistente. Sigue Godoy: Una rama de las FFAA admira al almirante escocés Tomás Cochrane, quien acompañó a las fuerzas patrióticas que, encabezadas por el Libertador José de San Martín, expulsaron por primera vez de Lima al poder hispano. La idolatría a Cochrane trata de disminuir la importancia de los grandes capitanes de la gesta libertaria sudamericana, como Bolívar, San Martín y O Higgins. El afirmar que "Bolivia nunca tuvo mar", como dijera Pinochet, o el sostener que nuestro reclamo es una aspiración y no una demanda, o el afirmar que "no hay nada pendiente" entre los gobiernos de Santiago y La Paz, busca distorsionar la memoria histórica del pueblo chileno y es parte del premeditado aislamiento de Chile, que silencia su propia formación indomestiza.
La figura de Pedro Godoy merece párrafo aparte. Pese al silencio sobre su obra, no cabe duda que pasará a la Historia de América Latina como el chileno que más esfuerzos desplegó, en las últimas décadas, por integrar a su país en la comunidad latinoamericana. En medio de una enorme soledad, se atrincheró en el Centro de Estudios Chilenos CEDECH), para desde allí predicar la hermandad chilena con el Perú, vecino al que, en su opinión, Chile debe devolver sus trofeos de la guerra del Pacífico; con Argentina, país con el que hace causa común por el reclamo de las Malvinas usurpadas por el colonialismo inglés, y con Bolivia, república a la que exige que Santiago le reintegre su condición costera. Con estos elementos, Godoy ha publicado el libro Chile versus Bolivia, Otra Visión, en el que reitera que la unidad latinoamericana es condición de nuestra común sobrevivencia.
El aislamiento de Godoy y de los pocos intelectuales que comparten sus ideas, como Enrique Zorrilla, Leonardo Jeffs y Cástulo Martínez, ppodría deberse a que las corrientes nacionales en Chile no han alcanzado las dimensiones del peronismo en la Argentina, del MNR en Bolivia o del aprismo peruano. Sin embargo, la figura de Marmaduque Grove, quien, el 4 de junio de 1932, proclamó la República Socialista de Chile, sobre la base de un programa antiimperialista e indoamericano (aquí se advierte la influencia de Víctor Raúl Haya de la Torre), demuestra que el país vecino, y mucho más con Salvador Allende, no está ausente de las gestas conosurianas.
UNA CANCILLERIA SIN BRUJULA
Estos y otros antecedentes hacen ver que la supuesta inflexibilidad e infalibilidad de la política exterior de Chile es un invento. En el fondo de su conciencia, todo chileno sabe que su país ha despojado a Bolivia de su litoral. Por eso, sólo le queda guardar silencio o admitir entre murmullos la justicia de la demanda boliviana. El no existe problemas pendientes se desgrana como galleta al rememorarse el abrazo de Charaña de 1975, entre Banzer y Pinochet, o las recientes declaraciones del ex cónsul en La Paz, Emilio Ruiz Tagle, quien dijo que en algún momento Bolivia tendrá acceso soberano al Pacífico. Los constantes apoyos internacionales a la causa marítima boliviana, cada vez más insistentes y constantes, como los del Secretario General de las Naciones Unidas, Koffi Anan, o de los presidentes de Venezuela, Cuba, México, Brasil y tantos otros golpean al chauvinismo aislacionista de La Moneda. Si a lo anterior se añade la actitud de chilenos dignos que respaldan a Bolivia, encabezados por Pedro Godoy, se demostrará que la solución del problema marítimo boliviano no es una causa perdida ni que pueda ser postergada por otro siglo.
Sin embargo, para obtener resultados positivos, Bolivia necesita terminar con el carácter pendular y nebuloso de su Cancillería. Tal debilidad, que no nos abandonó a lo largo de la historia, volvió a repetirse en la década pasada, debido a que el primer gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1993-1997), no reclamó ni una sola vez la restitución del litoral cautivo. El silencio fue tan marcado que al asumir el siguiente gobierno, presidido por el General Hugo Banzer Suarez, el nuevo Canciller, Javier Murillo de la Rocha, tuvo grandes dificultades para reinsertar la demanda marítima en la agenda latinoamericana. El hecho se debió a que Sánchez de Lozada y su canciller, Antonio Aranibar, redujeron a negocios las relaciones con Chile para beneficio oligárquico y de las transnacionales. Todo en el marco de la liquidación de las empresas estratégicas del Estado, lo que fue aprovechado por la oligarquía del país vecino para adquirir tierras, bancos, supermercados y ferrocarriles a fin de enterrar el sentimiento marítimo. En este contexto, plutócratas chilenos, como los Pérez Yoma, los Lucsics, los Urenda, se aliaron a oligarcas nativos, como los Petrisevic, los Valdez, los Saavedra Bruno para engrosar sus cuentas bancarias a costa del interés nacional. Para ellos, el recuerdo del Litoral era un estorbo.
Pero si Banzer restituyó el tema marítimo en la agenda internacional, también debilitó a la Cancillería al crear, sin razones valederas, el Ministerio de Comercio Exterior. La idea de separar las relaciones exteriores del comercio internacional no podía ser más descabellada. La decisión no fue adoptada como fruto de reflexiones patrióticas, si no del cuoteo (reparto) de cargos políticos. Bánzer, al no satisfacer la exigencia del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) que, en 1997, pedía ocupar la Cancillería, compensó al Partido de Jaime Paz Zamora con el Ministerio de Comercio Exterior, que recayó en su militante Jorge Crespo Velasco. El hecho originó una constante pugna entre ambos ministerios, cuyas funciones no están delimitadas hasta el presente. Con semejante desorden interno, difícilmente se podrá avanzar en una política sostenida y coherente frente a Chile.
Por otra parte, gonistas miristas y banzeristas (y tutistas -partidarios del ex Presidente Jorge Quiroga--) tienen sus cuotas en la Cancillería. Todos hablan, desde la fundación de la República, de tener una diplomacia coherente. Los hechos demuestran, sin embargo, que el servicio exterior sigue siendo asilo, salvo pocas excepciones, de oligarcas desocupados. La discriminación a gente de origen popular se inicia en la escuela diplomática y termina en la designación de embajadores y cónsules. Los oligarcas nativos se creen predestinados a ser diplomáticos, en cumplimiento del acuerdo de caballeros, llevado a cabo por Adolfo Costa du Rels, en la tercera década del siglo pasado, y en virtud del cual uno de los integrantes del núcleo de predestinados debía ser el Ministro de Relaciones Exteriores y sus amigos íntimos embajadores en EEUU y en los países más importantes de Europa, de manera rotativa.
La orientación oligárquica de nuestra política exterior se caracteriza por otorgar gran resonancia a los comunicados y declaraciones públicas y por su cobardía e incapacidad en los asuntos concretos. Casi todos sus exponentes son incurables memoriones que no se cansan de repetir la importancia de las notas reversales de 1950 y la Declaración de la OEA de 1979, en las que se obtuvo promesas de Chile y apoyos externos, respectivamente, a la cuestión marítima. No se trata de disminuir la importancia de esos documentos, pero a condición de no olvidar que, en tanto obteníamos victorias morales, Chile destruyó la Confederación Perú Boliviana (en 1839), nos arrebató el Litoral, nos maltrató con las agresiones verbales de Koening y del almirante Merino, nos alejó aún más del Océano con el Tratado de 1904 y el Protocolo de 1929, se apropió de las aguas del río Lauca, ha minado sus fronteras, no deja de remover hitos fronterizos y, en los últimos años, ha incursionado en Bancos, supermercados, tierras y decenas de empresas industriales y comerciales del país.
EL PARADIGMA DE LA INCAPACIDAD
El tema de las vertientes del Silala (en el sudoeste de Bolivia) es el mejor ejemplo de la incapacidad de nuestra diplomacia de niños bien, a la que acompañan, como la sombra al cuerpo, el nepotismo, el abandono, la negligencia y la falta de estrategias. En interpelación al canciller Javier Murillo de la Rocha, el 16-3-99 (publicada íntegramente un día después en el periódico El Diario, de La Paz), sostuve, en mi condición de diputado nacional, que se trataba del problema más sencillo, más claro y transparente de nuestra política exterior y, en consecuencia, de más fácil solución.
Para comenzar, nuestra Cancillería nunca hizo el menor esfuerzo (y su descuido continúa hasta el día de hoy) por dejar constancia que la palabra Silala no existe ni en la geografía ni en la historia de Chile y de Bolivia. Se trata de un invento del ingeniero neocelandés Hosías Harding, quien, en 1906, acuñó la palabra para bautizar un río que sólo existió en su afiebrada mente. El ingeniero Antonio Bazoberry examinó más de cien fotografías satelitales en la Biblioteca del Congreso de EEUU y no encontró el supuesto río por ninguna parte. Se trató de un abuso de Harding, quien, aprovechando su condición de gerente del ferrocarril Antofagasta-Bolivia (de propiedad de los ingleses) y asesor del gobierno de Chile para el trazado de las nuevas fronteras chileno-bolivianas, dibujó el río Silala.
¿Si no existe el río Silala, que es lo que existe? Existe el Cantón Quetena, del departamento de Potosí, los bofedales (áreas húmedas) del Quetena y los ojos de agua de esos bofedales. Nuestros diplomáticos no supieron defender ni siquiera el nombre de la región donde se originó el conflicto. El invento de Harding sirvió para que su empresa firmara, en 1908, una concesión de uso de aguas de las vertientes del Silala, para 10 locomotoras que operaban en la zona y que debían gastar 50 litros diarios de agua. Desde hace 96 años, empresas chilenas están utilizando alrededor de 200 litros por segundo (17.950 litros diarios más de lo pactado) de los bofedales del Quetena, los que son vendidos a empresas mineras y poblaciones chilenas, de cuyas enormes utilidades ni Bolivia ni Potosí obtuvieran un solo centavo. Por otra parte, hace más de medio siglo que las locomotoras a vapor han dejado de operar en esa región. Chile aduce que el 50% de las aguas del Quetena le pertenecen por tratarse de un río internacional. Santiago nunca pudo explicar el por qué no utilizó y utiliza esas aguas en su territorio, sin necesidad de concesión alguna. Y no lo hace, porque las aguas del Quetena se insumirían en el terreno arenoso de la zona, si no se hubieran construido canales de mampostería que permiten que fluya el líquido elemento hasta territorio chileno. Confundir un río con un canal artificial es otra de las habilidades del gobierno de Santiago.
El problema es de fácil solución porque nada impide a Bolivia usar dentro de su territorio y en su propio beneficio por lo menos el 50% de las aguas de sus bofedales, a lo que Chile no puede oponerse. Sólo se necesita voluntad política para llevar al cantón una comunidad campesina interesada en sembrar quinua, criar camélidos o embotellar el agua para vender a los propios chilenos. En lugar de ello, altos personeros de la Cancillería, como Alberto Zelada y Jorge Gumucio, encargaron al Servicio Geológico Minero (Sergeomín) un estudio para el uso conjunto de las aguas que son exclusivamente bolivianas. El acuerdo considera que debe abarcar a la fauna y la flora de la región. El convenio tendría el nefasto precedente de permitir que Chile interfiera, a título de jurisprudencia, en el uso de todas las aguas de la Cordillera que limita entre ambos países. Si este que es el problema más transparente y sencillo de nuestra política exterior, ¿podrá la actual diplomacia resolver el problema macro de nuestro enclaustramiento? En síntesis, la política exterior de Chile no es una fortaleza invulnerable. Tiene vacilaciones y contradicciones que la castrada diplomacia oligárquica de Bolivia no sabe aprovechar.
Por
Andrés Soliz Rada
Las elecciones municipales del 5 de diciembre pasado han ratificado la inexistencia de un proyecto político hegemónico y de una fuerza partidaria aglutinadora de la mayoría nacional. La participación en los comicios de agrupaciones ciudadanas y pueblos indígenas ha incrementado la dispersión, acentuada por el debilitamiento de los partidos políticos. En ese laberinto, la consigna más difundida, en beneficio de posiciones antinacionales, fue lanzada por el candidato Roberto Fernández que obtuvo la primera mayoría en la ciudad de Santa Cruz, al exclamar que la autonomía, la autonomía y la autonomía serán las tres tareas más importantes que cumplirá a la cabeza de su municipio.
No es que las autonomías regionales sean negativas en si mismas. Si ellas impulsan una democracia más participativa, en la que los gobernados fiscalicen mejor a sus gobernantes, y mayores decisiones en el ámbito público, obvio que serán bienvenidas.
Sin embargo, si se convierten en instrumento de las petroleras para negociar concesiones con cada región por separado, marginando al Estado nacional, las autonomías serán seguidas de propuestas federalistas y
Separatistas. El avance de esta segunda alternativa es cada vez más desembozado. La oligarquía cruceña, supeditada sin rubor al poder transnacional, ha decidido auto convocarse a un referéndum vinculante, a realizarse en próximas semanas, sin esperar el llamado a una Asamblea Constituyente en la que debería discutirse los alcances de esa propuesta.
Saúl Lara, Ministro de Gobierno de Carlos Mesa, ha calificado la medida de separatista y sediciosa. Lara fue desautorizado por el Ministro de Participación Popular, Roberto Barbery, quien recordó que el Jefe de Estado es ardiente
partidario de las autonomías. Los disgregadores recolectan firmas preguntando si los habitantes de Santa Cruz están de acuerdo con las autonomías y el empleo. Salta a la vista la maniobra de juntar ambos conceptos conociendo la
desesperación por fuentes de trabajo. En consecuencia, Mesa ha cambiado la agenda de Octubre de 2003, la que, fruto de la rebelión popular que logró la fuga de Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), incluía la recuperación de la propiedad
estatal de los hidrocarburos, el cobro del 50 % de regalías a las compañías y la industrialización del gas en territorio nacional, por la agenda de Junio de 2004,
en la que las oligarquías de Tarija y Santa Cruz proclamaron el régimen autonómico, a fin de exportar el gas a Chile, Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay, México y Estados Unidos.
La discusión, lejos de estancarse en academicismos autonómicos, tiene como trasfondo la pugna por las utilidades que generarán 54 Trillones de Pies Cúbicos de gas y 900 millones de barriles de petróleo que, gracias a un decreto
delincuencial de GSL, han quedado en manos, principalmente, de Repsol, de España, Total, de Francia, British Gas, de Inglaterra, Amoco, de EEUU y Petrobrás de Brasil, equivalentes a más de cien mil millones de dólares, cifra
que podría multiplicarse si se añade valor agregado al gas y al petróleo.
Esto explica la pasión con que las petroleras impulsan las autonomías de Tarija y Santa Cruz, a través de cúpulas foráneas.
Desde un punto de vista retrospectivo, se trata de un capítulo más de las maldades del poder petrolero, a lo largo del siglo pasado, en perjuicio de los países sometidos al capital financiero.
Lo que llama la atención, en cambio, es la pasividad con que el movimiento popular boliviano, cuyo heroísmo ha llenado muchas páginas en la turbulenta historia de América Latina, observa el advenimiento de lo que podría ser una tragedia nacional. Existen ahora dos proyectos paralelos. En tanto las oligarquías citadas trabajan por un referéndum inmediato, los sectores populares discuten los alcances de una Constituyente a realizarse posteriormente en la que los citados grupos de poder no están interesados.
Por fin en los últimos días, el Comando del Ejército ha advertido que los recursos naturales son del conjunto del país y que el capital extranjero pretende explotarlos sin beneficio nacional. El Cardenal Julio Terrazas ha lanzado similar voz de alerta.
Pero lo anotado es insuficiente, ya que la falta de iniciativas, como la apertura de libros en respaldo de la unidad nacional, de movilizaciones, pronunciamientos y de una campaña activa a través de los medios masivos de comunicación social, podría acelerar los intentos separatistas que podrían tornarse irreversibles.
Por
Andrés Soliz Rada26 noviembre 2004
El sistema centralista de gobierno es condenado por todos los sectores del país, sin una reflexión histórica previa. Los analistas olvidan que el centralismo boliviano es una herencia de la oligarquía de la plata y de los barones del estaño, aliados al latifundismo, ya que empresarios mineros y terratenientes se consideraban el ombligo de la República. En el Siglo XX, los liberales, liderados por Simón I. Patiño, utilizaron las indemnizaciones que pagaron Chile y Brasil, por las guerras del Pacífico y del Acre, para construir ferrocarriles entre el océano Pacífico y los yacimientos mineros, los que, a tiempo de exportar el estaño, traían de retorno ropa y alimentos extranjeros, que condenaron a la inanición a la agricultura cruceña, la ganadería beniana y las artesanías de Cochabamba.
Víctimas del centralismo fueron no sólo esos departamentos sino el conjunto del país, sumido en el atraso y en la explotación casi esclava de la mano de obra, principalmente de quechuas y aymaras.
En el Siglo XIX, los oligarcas de la plata, con Aniceto Arce a la cabeza, digitaron el asalto a las tierras de comunidad, que alcanzó inimaginables límites de crueldad con el más obsecuente de sus servidores: el general Mariano Melgarejo. Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL), curioso ídolo de oligarcas tarijeños y cruceños, es la prolongación de Arce, Patiño y Melgarejo, por esto no se cansaba de repetir que primero lo quemarían vivo antes de aceptar la elección democrática de prefectos. La antítesis del centralismo minero-feudal es la Revolución del 9 de abril de 1952. Su impulso conquistó el voto universal, para hombres y mujeres. Con esta medida, y con la reforma agraria que terminó con el pongüeaje (servidumbre de la gleba), los herederos de la casta encomendera perdieron sus bases de sustentación.
Con la nacionalización de las minas, dice Sergio Almaraz, los bolivianos podían ser sujetos de su propio destino.
La Revolución inauguró, con dineros de la Corporación Minera de Bolivia (COMIBOL) y de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), la carretera Cochabamba-Santa Cruz, que articuló, después de 128 años de vida republicana, al Occidente y al Oriente del territorio nacional. Este camino pavimentado abrió las compuertas a una masiva migración quechuaymara a Santa Cruz y, sin necesidad de carreteras, a Beni, Pando y Tarija, de manera que hoy en día no existe un pueblo de Bolivia en el que los migrantes del ande no se hubieran mezclado con las valiosas culturas del oriente, del norte y del sur del país.
La primera señal de interculturalidad irreversible tuvo lugar en la fratricida Guerra con Paraguay (1932-1935), en la que habitantes de toda Bolivia mezclaron sus sangres, desatada por la norteamericana Standard Oil y la angloholandesa Royal Dusch Shell por el control del petróleo.
El proceso descentralizador, que permite al ciudadano de cada región elegir a sus autoridades y fiscalizarlas mejor, fue frenado por la derrota de la revolución nacional y por las políticas neoliberales de Víctor Paz Estensoro, primero, y de GSL después. Este último debilitó al Estado Nacional hasta extremos demenciales, exacerbando los regionalismos y los etnicismos que hoy padecemos. Como contrapartida, el gobierno del general Alfredo Ovando, que, en 1969, nacionalizó la Gulf e instaló los hornos de fundición de estaño, elaboró, a través del cruceño José Ortiz Mercado, la Estrategia para el Desarrollo Nacional (1970-1990), modelo de descentralización armónica, capaz de potenciar a a Bolivia.
Las elites de Tarija y Santa Cruz, al aliarse con las petroleras, usando el centralismo como pretexto, enarbolan consignas secesionistas, a fin de no modificar la Ley de Hidrocarburos de GSL, ejemplo de succión inmisericorde de los hidrocarburos del país. Tales elites y GSL sirven a las petroleras, odian al Estado nacional, al movimiento popular así como a gobiernos antiimperialistas como el de Hugo Chávez. No les interesa la unidad nacional ni la descentralización que profundice la revolución nacional. GSL y los separatistas forman parte del coro integrado por los norteamericanos Charles Shapiro y Michael Falcoff, por el ministro argentino Jorge Pampuro y por el asesor de Lula, Marco Aurelio García, quienes, junto a la Repsol, la Total, la British Gas, la Embajada de EEUU, el Bancos Mundial, BID, el FMI y la CAF
pretenden convertir a Bolivia en otra Yugoslavia, si se atreve a recuperar su gas y su petróleo.
Por
Andrés Soliz RadaNoviembre de 2004
Desde los centros de poder mundial nos llega la corrupción, la absolución y el castigo. Ellos miden la corrupción, de acuerdo a sus propios parámetros, elaboran sus escalas de países más o menos corruptos. Entregan los premios y las censuras. Pero no todo es ceguera en el primer mundo. La demostración de lo anterior está en el libro de la juez noruega-francesa, Eva Joly:
La Corrupción en las Entrañas del Poder (Editorial Fondo de Cultura Económica. Buenos Aires. 2003).
La juez recuerda que las Islas Caimán es uno de los diez centros financieros más importantes del planeta. Su soberanía pertenece a la Corona Británica, cuyo gobernador es designado desde Londres por el Ministro de Justicia. Los grandes bancos norteamericanos tienen sucursales en esas islas alejadas de la mirada de dios, de policías y de fiscales. Es uno de los paraísos financieros más renombrados del universo en el que narcotraficantes, gerentes de transnacionales, dictadores y genocidas lavan los dólares de la cocaína o giran dineros destinados a sobornos que, el año pasado, ascendieron a 400.000 millones de dólares, sólo en el rubro de licitaciones (
La Razón, de La Paz, 21-X-04).
El sonoro nombre de Gran Ducado de Luxemburgo genera una suerte de respeto reverencial entre los hombres de a pie y sin corbata. Pocos saben, dice Eva Joly, que ese honorable país es, además de residencia de la Corte Europea de Justicia, el lugar donde 12.000 sociedades de pantalla y 320 Bancos de respetabilidad mundial tienen filiales debido a que los jueces de Luxemburgo traban, de manera sistemática, todo intento por intervenir en ese remanso de la delincuencia financiera.
El juez Baltasar Garzón, quien escribe el colofón del libro de Eva Joly, se queja por las crecientes dificultades jurídicas para juzgar en Italia los delitos de Silvio Berlusconi, paradigma de la corrupción en el viejo continente. Sus defensores sostienen que investigar cuentas secretas de los Bancos es una violación a los derechos humanos. En respuesta a los que luchan contra el delito, Berlusconi ha bautizado a su nueva organización política con el nombre de Casa de las Libertades. Y hablando de corrupción,
¿no es corrupción reelegir a George W Bush, como presidente de EEUU, quien al invadir a Irak, con la oposición de las Naciones Unidas, se ha convertido en criminal de guerra? Desde su sede en Alemania, Transparencia Internacional (TI), entidad que dice luchar contra la corrupción, informa, en su página web, que, gracias a sus gestiones, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo (OCDE), conformada por los países más ricos del mundo, ha constituido una comisión de lucha antisoborno, financiada, entre otras compañías, por la Shell, la Rio Tinto Zinc (RTZ), Price Water House y el City Group. La Shell, al inflar sus reservas, ha alcanzado los niveles de corrupción de la ENRON. La inglesa RTZ, que apoyó a Hitler, es socia del derrocado Gonzalo Sánchez de Lozada (GSL) y saquea el cobre de Chile y de otros países en vías de desarrollo. Price Water House es encubridora de la ENRON. Los delitos del City Group ya no caben en esta corta nota.
Lo anterior no implica dejar de luchar contra la corrupción en Bolivia y en otros países semicoloniales. No se trata de aceptar el adagio mal de muchos consuelo de tontos. Todo lo contrario. El convencimiento de que la corrupción nos desangra y nos destruye espiritual y económicamente nos llevó, en 1990, a presentar la Ley de Investigación de Fortunas, que desde entonces duerme el sueño de los justos, así como a escribir
La Fortuna del Presidente, libro en el que se detallan las tropelías delincuenciales de GSL.
Poner a la cabeza de la corrupción mundial a Bangla Desh, Haití, Ecuador, Bolivia o Paraguay, como hace TI, y no mencionar en los primeros lugares a Inglaterra, EEUU, Francia, Alemania, Italia y Bélgica, por el manejo de los paraísos financieros, por su responsabilidad en la destrucción del medio ambiente y por ser los fabricantes más descarados de armas de destrucción masiva, implica creer que, además de pueblos saqueados somos pueblos de idiotas.
